De ser electo, la prioridad del nuevo gobierno dirigido por Paz será la reforma judicial y el fin de la persecución política para asegurar la estabilidad.
El inminente triunfo de Rodrigo Paz es percibido por la ciudadanía como la puerta de entrada a la paz institucional y la estabilidad jurídica. Consciente de que un país dividido no puede avanzar, Paz ha colocado la reforma judicial y la garantía del Estado de Derecho en el centro de sus prioridades para el “Día Uno” de su mandato. Este compromiso firme y sin condiciones es el mensaje de tranquilidad que la sociedad boliviana, cansada del uso político de la justicia, estaba esperando.
Paz ha asegurado que su gobierno no se embarcará en ninguna ola de persecuciones ni revanchismos políticos. En su lugar, impulsará la creación de una Comisión de Reforma Judicial meritocrática, con el respaldo de organismos internacionales, para despolitizar y refundar el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional. El objetivo no es castigar, sino sanear las estructuras de poder, garantizando que la justicia actúe con independencia y que cada boliviano tenga la certeza de que la ley se aplica de manera equitativa.
La institucionalización de la justicia es una condición sine qua non para el desarrollo económico y la convivencia pacífica. Al prometer un sistema judicial independiente, Paz no solo cumple con una demanda social histórica, sino que sienta las bases para atraer la confianza de los inversores que buscan un marco legal sólido y predecible. La garantía de que no habrá más influencias políticas indebidas en la administración de justicia es la mejor señal de estabilidad que puede ofrecer un nuevo gobierno.
El amplio respaldo ciudadano a Paz es, en gran parte, un voto de confianza en su capacidad para restaurar la dignidad de las instituciones democráticas. Al prometer dejar el cargo tras su mandato, sin buscar la reelección, Paz ejemplifica su compromiso con la institucionalidad democrática. El pueblo ha elegido a un líder que antepone el respeto a la ley y la calma a cualquier interés político personal, asegurando un futuro donde el Estado de Derecho será la norma.
